Ombudsman sostiene reunión de trabajo con autoridades municipales y diputados federales
Oaxaca, Oax., 18 de enero de 2008.
*** El Organismo defensor de los derechos humanos revisará los bandos de policía y buen gobierno para ajustarlos al respeto irrestricto de los derechos humanos.
Con la finalidad de que sean revisados los bandos de policía y buen gobierno, autoridades municipales de los municipios de San Pedro Huilotepec, Tamazulapam del Progreso, Santa Ana Zegache, San Antonino Castillo Velasco, Trinidad Zaachila y San Baltazar Chichicapam, Oaxaca; acompañados por los Diputados Federales del Partido de la Revolución Democrática, Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez, sostuvieron una reunión de trabajo con el Ombudsman Oaxaqueño Heriberto Antonio García.
En dicha reunión, las autoridades municipales entregaron al Presidente de la CDDHO los bandos de policía y buen gobierno correspondiente a sus municipios, con la finalidad de que sean revisados y se ajusten al respeto irrestricto de los derechos humanos en sus comunidades.
En uso de la facultad reglamentaria, las autoridades municipales expedirán los referidos ordenamientos para regir la vida jurídica en esos municipios.
En ese sentido, la CDDHO realizará la revisión de dichos bandos para señalar, en su caso, si algunos de los preceptos es violatorio de los derechos fundamentales.
Por su parte el presidente de la CDDHO, reconoció la importancia de que sean las autoridades quienes expresen su interés por respetar los derechos humanos, mencionó: “la lucha por la defensa de los derechos humanos es una tarea en la que deben involucrarse las autoridades, tal actividad se facilita cuando existe el interés de las mismas de no violentar los derechos fundamentales”.
Del mismo modo, dijo que el organismo defensor de los derechos humanos realizará el estudio y a la brevedad dará a las autoridades solicitantes el resultado del análisis que realice.
Por último, mencionó que la CDDHO en un futuro inmediato tendrá un acercamiento con las autoridades municipales del Estado, para prevenir la violación a derechos humanos a través de sus programas de capacitación.
